Los continuos escándalos de corrupción que sacuden la vida pública española no constituyen ninguna anomalía ni motivo de sorpresa. Son, por el contrario, una consecuencia lógica de un sistema político basado en la partitocracia liberal, en la lucha permanente por el poder y en la subordinación del bien común a intereses ideológicos, económicos y electorales.
Mientras unos partidos fingen escandalizarse por las corrupciones ajenas y otros buscan excusas para las propias, el pueblo español contempla una vez más el triste espectáculo de una alternancia que cambia los rostros y las siglas, pero mantiene intactos los mismos vicios estructurales. La corrupción no aparece contra el sistema: nace del propio sistema.
La partitocracia necesita del enfrentamiento continuo, de la propaganda, del clientelismo y de la ocupación de las instituciones para sobrevivir. Convierte la política en una lucha de bandos y al pueblo en una masa de hinchas dispuestos a justificar los abusos de los suyos mientras denuncian los del adversario. Y así, entre escándalos, pactos y relevos, continúa girando el mismo tiovivo decadente.
Los carlistas rechazamos la idea de que esta degradación sea inevitable. Ni creemos que el hombre sea bueno por naturaleza y la sociedad quien lo corrompe, ni que el hombre es siempre un lobo para el hombre. Sabemos perfectamente que somos la criatura más preciosa de la Creación pero que tenemos una naturaleza caída por el pecado que nos obliga a poner coto a posibles abusos. España conoció durante siglos formas políticas más sanas, más responsables y más cercanas al pueblo real que el actual régimen de partidos. La Tradición política española supo establecer límites al poder y mecanismos eficaces de responsabilidad pública allí donde hoy sólo existe impunidad protegida por estructuras partidistas.
Frente a la corrupción institucionalizada, seguimos reivindicando principios tradicionales de gobierno y control político como el juicio de residencia, mediante el cual todo cargo público debía responder de su gestión y de su enriquecimiento antes y después de ejercer sus responsabilidades. Quien administra bienes públicos debe rendir cuentas al bien común y no servirse de él para su beneficio personal o partidista.
La regeneración de España no vendrá de quienes han construido y sostenido este régimen, ni de reformas cosméticas destinadas únicamente a restaurar la confianza en unas estructuras agotadas. Sólo la recuperación de una concepción política fundada en la verdad, la justicia, la responsabilidad y el orden social cristiano podrá devolver dignidad a la vida pública española.
Dios, Patria, Fueros y Rey.
Junta Regional de Andalucía Occidental de la Comunión Tradicionalista Carlista.