La Comunión Tradicionalista Carlista en Andalucía Occidental apoya la convocatoria de manifestaciones en defensa de Ceuta el próximo día 2, ante la grave situación que atraviesa la ciudad y el abandono de nuestras fronteras.
Ceuta es España. Y España tiene el deber irrenunciable de defender sus fronteras, proteger a sus pueblos y ejercer con dignidad su autoridad.
No deja de resultar paradójico que mientras nuestras fronteras son sometidas a una presión creciente, soldados españoles sean enviados a vigilar fronteras ajenas, en nombre de intereses y compromisos que parecen pesar más que la defensa de nuestra propia Patria.
Tampoco podemos ignorar la creciente evidencia de la sumisión de nuestros gobiernos a los intereses del estado de Marruecos, ni el silencio o la complicidad de buena parte de los partidos políticos, demasiado ocupados en sus disputas partidistas para defender con firmeza aquello que pertenece a todos.
No confiamos en que la mera alternancia de partidos vaya a resolver un problema que hunde sus raíces en el propio régimen político y en la ausencia de una verdadera búsqueda del bien común, deber de todo gobernante. España necesita un poder que gobierne pensando en España y no en los intereses de partido, de potencias extranjeras o de grupos económicos.
Por ello, llamamos a nuestros correligionarios y a todos los españoles de buena voluntad a participar, con firmeza y pacíficamente, en estas manifestaciones, a la vez que dejamos clara nuestra convicción de que la solución no puede venir del mismo régimen partitocrático corrupto que ha alimentado el problema.
Cada año, cuando llega la temporada de la vendimia francesa, vuelve a repetirse una historia que debería hacernos pensar.
Miles de trabajadores andaluces —este año se habla de alrededor de 9.500— hacen las maletas, atraviesan España de sur a norte y cruzan la frontera para pasar varias semanas trabajando en los viñedos franceses.
Y entonces surge una pregunta bastante sencilla:
Si nos dicen que los españoles no quieren trabajar en el campo, ¿qué hacen todos esos andaluces marchándose a Francia para trabajar precisamente en el campo?
Es necesario revisar tantos de los discursos establecidos que mucha gente asume por simple repetición.Se nos dice insistentemente que «los españoles ya no quieren hacer esos trabajos». Que «la gente del campo prefiere vivir de subvenciones». Que para determinadas labores agrícolas no queda más remedio que recurrir a trabajadores llegados de otros países.
Pero quizá el problema no sea que falten personas dispuestas a trabajar. Quizá el problema sea en qué condiciones se les pide que trabajen.
Porque la gente del campo, como la de la ciudad, no rechaza el trabajo. Lo que rechaza es aceptar trabajos que no permiten vivir dignamente de ellos.
Un jornal que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, jornadas extenuantes, alojamientos indignos y una incertidumbre permanente no constituyen precisamente una oferta irresistible.
Y aquí aparece, cada año, la paradoja: Los mismos trabajadores que, según algunos discursos, «no quieren trabajar» en los campos españoles están dispuestos a recorrer mil kilómetros para hacerlo en Francia.
¿Por qué?
Porque el trabajador responde a los incentivos, pero también tiene una dignidad y unas necesidades. Necesita que su trabajo le permita pagar una vivienda, mantener a su familia, criar a sus hijos y mirar al futuro con un mínimo de seguridad. No es una exigencia extravagante. Es el principio elemental de un salario justo.
El trabajador no puede ser una simple variable de coste.
El sistema capitalista ha impuesto una concepción de la economía en la que el trabajo aparece fundamentalmente como un coste que hay que reducir. Si el trabajador español resulta demasiado caro, se busca otro trabajador dispuesto a cobrar menos. Si producir aquí resulta demasiado costoso, se importa de países donde los salarios y las condiciones laborales son mucho peores. Si una explotación no resulta lo suficientemente lucrativa pagando un salario digno, se busca la forma de reducir el coste laboral.
Y después se nos explica que todo eso es simplemente «el mercado».
Nosotros negamos la mayor. El pilar principal no puede ser la satisfacción del mercado, sino la justa distribución de la riqueza. Una sociedad no puede organizar toda su vida alrededor de una única pregunta: ¿cómo conseguimos producir más barato?
Detrás de cada salario hay una persona. Detrás de cada trabajador hay una familia. Detrás de cada familia hay una comunidad. Cuando se abarata sistemáticamente el trabajo, no estamos simplemente reduciendo una cifra en una cuenta de resultados. Estamos haciendo más difícil que una persona pueda formar una familia, comprar una vivienda, mantener a sus hijos o permanecer en la tierra donde nació. Estamos destruyendo la comunidad.
Y cuando se utiliza la extrema necesidad de trabajadores extranjeros para presionar todavía más a la baja las condiciones laborales, tampoco se está haciendo un favor a esos inmigrantes. El inmigrante no deja de ser una persona con derecho a un trabajo digno porque haya nacido al otro lado de una frontera. El problema no es el trabajador extranjero. El problema es un sistema económico capaz de convertir la necesidad de unos y otros en una herramienta para reducir el precio del trabajo.
No queremos enfrentar a trabajadores.
Precisamente por eso, la respuesta no puede consistir en enfrentar al trabajador español con el inmigrante. Hay que mirar más allá.
El trabajador extranjero que llega buscando un futuro para sus hijos merece la misma dignidad que cualquier otro trabajador. Pero también la merece el temporero andaluz que no puede mantener a su familia con lo que se le ofrece en su propia tierra. Y ambos tienen algo en común: ninguno debería ser utilizado como mano de obra barata y como herramienta de manipulación de las condiciones.
La justicia social no consiste en decidir quién debe aceptar peores condiciones. Consiste en conseguir que las condiciones de trabajo sean dignas para todos.
Porque si una explotación sólo resulta rentable pagando salarios con los que un trabajador no puede vivir dignamente, quizá debamos empezar a preguntarnos si el problema está en el trabajador o en el propio modelo productivo.
El campo no necesita esclavos.
Desde la visión tradicional no podemos aceptar que la agricultura sea contemplada únicamente desde la lógica del rendimiento económico. La tierra no es simplemente un activo. El agricultor no es simplemente un empresario. El jornalero no es simplemente un coste. Y el trabajador inmigrante no puede ser una herramienta de presión para rebajar las condiciones laborales.
La economía está al servicio de la persona y de la sociedad, y no al revés.
Por eso defendemos un campo capaz de sostener familias, comunidades y pueblos; un campo en el que sea posible vivir dignamente del trabajo; un campo donde la propiedad esté suficientemente extendida y arraigada y donde el trabajador pueda aspirar, cuando las circunstancias lo permitan, a convertirse también en propietario.
Queremos un campo con agricultores, ganaderos, propietarios, cooperativas y trabajadores justamente remunerados, no un campo condenado a competir permanentemente mediante la reducción del coste del trabajo o contra rivales que juegan con otras reglas.
Y tampoco queremos que nadie tenga que abandonar su tierra por necesidad.
Hay aquí, además, una cuestión que trasciende nuestras fronteras: Durante años se ha presentado la inmigración como si el principal derecho de quien sufre pobreza fuese poder abandonar su país. Pero el primer derecho del necesitado debería ser poder vivir dignamente en su propia tierra.
Que un hombre pueda alimentar a sus hijos sin tener que abandonar su pueblo. Que una mujer pueda trabajar sin tener que abandonar a su familia. Que un joven pueda construir su futuro donde nacieron sus padres. Que los pueblos puedan conservar su población y desarrollar sus propios recursos.
Eso exige también revisar unas relaciones económicas internacionales que con demasiada frecuencia han permitido que la riqueza y los recursos salgan de los países pobres sin generar en ellos un desarrollo suficiente y autónomo.
No parece una solución especialmente justa vaciar de trabajadores los países pobres para después recibirlos en los países ricos como mano de obra barata. Y no se nos ocurre mayor ejercicio de hipocresía que el alentar ese vaciado envuelto en banderas como la “solidaridad” o la “diversidad», cuando no es más que una herramienta de explotación.
Ni queremos eso para los andaluces ni lo queremos para nadie.
Trabajo digno, tierra y familia.
La solución no está en elegir entre el trabajador español y el extranjero. Está en rechazar la lógica que convierte a ambos en mercancía.
Queremos que el trabajador pueda vivir de su trabajo. Que el agricultor pueda vivir de su tierra. Que el joven pueda quedarse en su pueblo. Que una familia pueda tener hijos sin que eso signifique condenarse económicamente. Que la propiedad no esté cada vez más concentrada en manos de grandes fondos y capitales alejados de la tierra.
Que la producción agrícola genere riqueza en Andalucía y que una parte mucho mayor del valor añadido permanezca aquí.
Y, sobre todo, que recuperemos una idea que la modernidad económica ha olvidado demasiadas veces: la economía debe estar al servicio del hombre, de la familia y de la comunidad.
Por eso, cuando volvamos a ver a miles de andaluces haciendo las maletas para recorrer España y cruzar la frontera para vendimiar en Francia, quizá debamos dejar de preguntarnos por qué «no quieren trabajar» en nuestros campos.
La pregunta correcta es otra: ¿Qué estamos haciendo para que no puedan vivir dignamente de su trabajo en su propia tierra?
Y quizá la respuesta nos obligue a mirar mucho más allá de la agricultura. Nos obligue a mirar al modelo económico entero.
El régimen que padecemos siempre estuvo dirigido por el enemigo. Esto es sólo una escenificación más ruidosa.
Cabe señalar al gobierno o al presidente concreto que sufrimos, que por supuesto es culpable de traición. Pero no pueden quedar sin señalar igualmente como traidores todos los actores del régimen que en mayor o menor medida han colaborado y colaboran con el enemigo, lleve éste chilaba o corbata.
(16/JUL/26. NOTA DE PRENSA) – Hoy, 16 de julio, se cumplen 814 años de la victoria cristiana de las Navas de Tolosa. Un hito que supuso el afianzamiento de España como parte de la Cristiandad en detrimento de un proyecto político antagónico llamado Al-Andalus. Un paso que permitió el avance de la Reconquista y que fue culminado felizmente por los Reyes Católicos en 1492 y por Felipe III en 1614 con la expulsión de los moriscos.
La historia nos enseña que, salvo momentos puntuales muy localizados -y a pesar de esfuerzos loables-, nunca ha sido posible la coexistencia o convivencia pacífica entre cristianos y mahometanos. La revolución del liberalismo, inspirador del gran engaño de la constitución del 78, eliminó toda referencia trascendente en nuestras leyes pues considera a la religión como un elemento propio de la mera conciencia personal. Según esa ideología bastaría con el cumplimiento de las leyes del estado para mantener la unidad, la paz y la concordia. Sin embargo la evidencia -que vemos ya de forma especialmente dramática en otros países de Europa- es que los problemas crecen. La realidad es que tanto los verdaderos católicos como los musulmanes consecuentes no entendemos la vivencia de nuestra fe sin el desarrollo pleno de una dimensión pública y social.
Por todo ello, lejos de ser una curiosidad histórica, la batalla de las Navas de Tolosa es una efeméride cuyos ecos resuenan hoy con fuerza entre nosotros. Actualmente viven en España, según las estadísticas oficiales, más de 2,5 millones de musulmanes lo que supone al menos el 5% de la población. Hay localidades en las que esa proporción es mucho mayor y amenaza ya, de forma insoportable, la misma identidad de numerosas comarcas. Se trata de un fenómeno brusco y muy reciente si tenemos en cuenta que tres de cada cuatro musulmanes han nacido fuera de España. Dentro del caos migratorio provocado por unos políticos irresponsables esta es posiblemente la consecuencia más grave y el mayor de los retos al que habrán de enfrentarse las nuevas generaciones de españoles.
Nuestra condena por tanto se dirige en primer lugar hacia todos los partidos políticos que han permitido y sostienen todavía esta situación. Hacia los separatistas que pensaron que una inmigración islámica podría favorecer sus intereses antiespañoles. A los laicistas que han querido utilizar el aumento de la población musulmana para la descristianización de nuestra Patria. A los conservadores que han mirado para otro lado, o que incluso homenajean a traidores como Blas Infante, mientras tengan acceso a mano de obra barata.
No podemos tampoco dejar de criticar la posición buenista de aquellos católicos que confunden la ayuda humanitaria con un suicidio cultural. La acogida caritativa al extranjero necesitado en ningún caso puede justificar políticas de sustitución poblacional hasta el punto de hacer irreconocibles nuestros barrios y ciudades. Tampoco la difusión de creencias y prácticas basadas en el error, el terror o el desprecio a la mujer. El multiculturalismo y el caos social tan sólo benefician, finalmente, a un estado policial cada vez más controlador y sectario.
Los carlistas queremos que España, la España católica y tradicional, siga siendo ella misma, y sabemos que el pueblo español, aunque ahora mismo viva anestesiado por las ideologías progres, tampoco va a querer vivir ni en Al-Andalus ni en un estado socialista masónico. Ojalá que cuando despierte no sea demasiado tarde. Próxima la celebración del apóstol Santiago, patrón de las Españas, concluimos esta declaración acogiéndonos a su amparo: ¡Santiago y cierra, España!
(05/JUN/26. NOTA DE PRENSA) – Con motivo de la visita apostólica de Su Santidad el Papa León XIV, la Comunión Tradicionalista Carlista desea expresar su más cálida bienvenida al Santo Padre en nombre de quienes, como católicos y carlistas, fieles siempre a Roma, reconocen en la Iglesia de Cristo la guía espiritual de los pueblos y la fuente de toda restauración moral y social.
España, tierra de María, marcada por una profunda vocación católica y misionera, recibe al Sucesor de Pedro con esperanza, respeto filial y espíritu de oración. Para los carlistas, esta visita -cuando se acaba de cumplir el centenario de la encíclica Quas Primas que instituyó la solemnidad de Cristo Rey- es una ocasión providencial para que nuestra Patria vuelva a mirar a Dios, reafirme su Fe, y redescubra en el Evangelio y en la Soberanía de Cristo el fundamento de una sociedad ordenada al bien común. En los próximos días muchas familias carlistas, entre millones de católicos españoles, participarán en los distintos encuentros programados para orar con el Vicario de Cristo y escuchar con atención sus palabras.
No toda España compartirá estos sentimientos. Los representantes de las ideologías anticristianas y del corrupto sistema partitocrático que detenta las principales magistraturas del estado van a hacer todo lo posible -ya lo están haciendo- por recortar y adulterar el mensaje católico. Para el discurso políticamente correcto, León XIV debiera limitarse a repetir un mensaje buenista en relación con el desorden migratorio y a reconocer el genio artístico de Antoni Gaudí. Poco más.
Existen sin embargo otras muchas realidades dolorosas y preocupantes en la España de 2026 a las que la Iglesia y todos los fieles católicos, de una u otra forma, tratamos de dar respuesta:
Los ataques de la «cultura de la muerte» a los niños no nacidos y a los más débiles, a la familia y a la misma naturaleza humana, que son la demostración primera de una sociedad vacía que camina al suicidio.
El problema migratorio, que como bien ha explicado el mismo León XIV, más allá de su dimensión humanitaria, no puede abordarse sin tratar de corregir las injusticias que genera una inmigración masiva y desordenada en los países receptores y en los emisores.
El crecimiento del islamismo y del protestantismo en nuestra tierra, que no es algo irremediable o fortuito sino un fenómeno alentado por aquellos que odian la misma identidad de España.
El crecimiento desmesurado de estructuras burocráticas -a menudo corruptas- que asfixian las libertades concretas de las familias y los cuerpos sociales naturales.
Las políticas educativas, laborales y de vivienda que dejan a los jóvenes desamparados ante un futuro de explotación y falta de recursos.
El odio y el guerracivilismo promovido por las llamadas leyes de memoria, que ocultan la persecución anticatólica de los años 30 del siglo XX y pretenden incluso la destrucción monumental como medio para negar la verdad.
En medio de todas estas dificultades, los carlistas confiamos en que esta visita apostólica sea semilla de conversión, de unidad en la Fe, y de renovación moral para España. Que María Santísima, Reina de las Españas, acompañe al Santo Padre durante su estancia entre nosotros y obtenga de su Hijo la gracia de que nuestra nación vuelva a ser, con humildad y firmeza, servidora de Cristo y de su Iglesia.
Los continuos escándalos de corrupción que sacuden la vida pública española no constituyen ninguna anomalía ni motivo de sorpresa. Son, por el contrario, una consecuencia lógica de un sistema político basado en la partitocracia liberal, en la lucha permanente por el poder y en la subordinación del bien común a intereses ideológicos, económicos y electorales.
Mientras unos partidos fingen escandalizarse por las corrupciones ajenas y otros buscan excusas para las propias, el pueblo español contempla una vez más el triste espectáculo de una alternancia que cambia los rostros y las siglas, pero mantiene intactos los mismos vicios estructurales. La corrupción no aparece contra el sistema: nace del propio sistema.
La partitocracia necesita del enfrentamiento continuo, de la propaganda, del clientelismo y de la ocupación de las instituciones para sobrevivir. Convierte la política en una lucha de bandos y al pueblo en una masa de hinchas dispuestos a justificar los abusos de los suyos mientras denuncian los del adversario. Y así, entre escándalos, pactos y relevos, continúa girando el mismo tiovivo decadente.
Los carlistas rechazamos la idea de que esta degradación sea inevitable. Ni creemos que el hombre sea bueno por naturaleza y la sociedad quien lo corrompe, ni que el hombre es siempre un lobo para el hombre. Sabemos perfectamente que somos la criatura más preciosa de la Creación pero que tenemos una naturaleza caída por el pecado que nos obliga a poner coto a posibles abusos. España conoció durante siglos formas políticas más sanas, más responsables y más cercanas al pueblo real que el actual régimen de partidos. La Tradición política española supo establecer límites al poder y mecanismos eficaces de responsabilidad pública allí donde hoy sólo existe impunidad protegida por estructuras partidistas.
Frente a la corrupción institucionalizada, seguimos reivindicando principios tradicionales de gobierno y control político como el juicio de residencia, mediante el cual todo cargo público debía responder de su gestión y de su enriquecimiento antes y después de ejercer sus responsabilidades. Quien administra bienes públicos debe rendir cuentas al bien común y no servirse de él para su beneficio personal o partidista.
La regeneración de España no vendrá de quienes han construido y sostenido este régimen, ni de reformas cosméticas destinadas únicamente a restaurar la confianza en unas estructuras agotadas. Sólo la recuperación de una concepción política fundada en la verdad, la justicia, la responsabilidad y el orden social cristiano podrá devolver dignidad a la vida pública española.
Dios, Patria, Fueros y Rey.
Junta Regional de Andalucía Occidental de la Comunión Tradicionalista Carlista.
Declaración de la Junta Regional de Andalucía Occidental de la Comunión Tradicionalista Carlista ante las próximas elecciones al parlamento autonómico
Ante la convocatoria electoral del próximo domingo 17 de mayo en Andalucía, esta Junta Regional desea dirigirse a todos los andaluces de buena voluntad para ofrecer una reflexión serena y responsable desde los principios de la Tradición.
El Carlismo jamás ha considerado la partitocracia liberal como la forma natural y legítima de representación política de los pueblos de España. El orden político justo no nace de la lucha permanente entre partidos ni de la soberanía absoluta del número, sino de una sociedad orgánica fundada en orden social cristiano, en las libertades concretas de los cuerpos sociales naturales y en el servicio al bien común.
Por ello, no depositamos una confianza providencial en los procesos electorales ni esperamos de este sistema la regeneración moral y social de nuestra Patria. Décadas de liberalismo político y económico han producido una sociedad crecientemente secularizada, marcada por la ruptura de los vínculos naturales, la precariedad familiar, el desarraigo comunitario y la subordinación de toda la vida social a intereses ideológicos, partidistas y económicos.
Con espíritu filial y plena comunión eclesial, queremos asimismo recoger y valorar positivamente el reciente comunicado de los Obispos del Sur de España, reconociendo en él la defensa de principios fundamentales como la dignidad de la persona, la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la familia basada en la unión estable de hombre y mujer, y abierta a la vida o la atención a los más vulnerables.
El deber moral del católico en cuanto a su participación en la política no es votar, sino permanecer fiel a la ley de Dios y procurar el bien común. El voto únicamente puede considerarse moralmente aceptable cuando no implica cooperación con opciones contrarias a la ley natural y al orden cristiano. Cuando las alternativas con presencia efectiva en el sistema político aceptan, de un modo u otro, graves males morales —como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, órdenes económicos injustos o la secularización de la vida pública—, la abstención es una postura moralmente lícita y coherente. Del mismo modo, no debe despreciarse el valor testimonial de apoyar candidaturas que, aun careciendo de expectativas reales de representación, mantengan una defensa íntegra y sin ambigüedades de los principios no negociables del orden natural y cristiano.
Igualmente, debemos recordar que el llamado “mal menor”, en cuanto mal, jamás puede convertirse en bien ni ser asumido como ideal político permanente. Demasiadas veces se ha utilizado este argumento para pedir a los católicos que respalden estructuras y programas incompatibles con la civilización cristiana.
Tampoco basta con reivindicar espacios de “objeción de conciencia” dentro de un sistema que legaliza la injusticia. El problema principal no es solamente proteger a quienes no quieran colaborar con el mal, sino combatir y derogar las propias leyes inmorales que ofenden la ley de Dios y destruyen el bien común.
Frente a una sociedad cada vez más individualista, arrojada al consumismo y al utilitarismo y sometida a intereses económicos ajenos al pueblo real, el Carlismo sigue afirmando la necesidad de restaurar un orden social verdaderamente cristiano, donde la política vuelva a estar subordinada a la verdad, la economía al servicio de las familias y del trabajo digno, y las comunidades naturales recuperen sus libertades y su protagonismo frente al Estado y los poderes financieros.
Por todo ello, ante esta nueva convocatoria electoral, llamamos a actuar con recta conciencia, sin ceder al miedo ni al posibilismo que tantas veces ha servido para consolidar los mismos males que se dicen combatir. La esperanza no puede ponerse en la mera alternancia de partidos ni en estructuras políticas nacidas de principios ajenos a nuestra tradición, sino en la restauración de un orden social cristiano fundado en la verdad, la justicia, las libertades reales y el bien común.
En el día de San José Artesano, Santo Patrón de los trabajadores, los carlistas reivindicamos la dignidad del trabajo frente a un sistema que, bajo distintas máscaras, sigue relegando al hombre a mero instrumento. Tanto cuando el poder se concentra en el Estado como cuando se entrega sin límites al mercado, el resultado es el mismo: desarraigo, injusticia y explotación.
Frente a ello, afirmamos un orden social en el que la economía esté al servicio de la persona y del bien común. Un orden donde el trabajo no sea mercancía, sino vocación; donde la propiedad implique responsabilidad; y donde la riqueza se distribuya con justicia, atendiendo a las necesidades reales de las familias y comunidades.
Creemos en una sociedad orgánica, vertebrada por cuerpos intermedios y por la organización natural de los oficios, donde la economía vuelva a tener rostro humano y el trabajo recupere su dignidad propia. Frente a la masificación, el desarraigo y la lucha permanente entre intereses enfrentados, defendemos una sociedad basada en la responsabilidad compartida, y una verdadera justicia social, que no puede existir cuando se aparta a Dios de la vida pública, ni puede existir un orden justo sin reconocer que toda autoridad y toda economía deben estar sometidas a un orden moral superior.
Carlistas sevillanos han participado en las protestas de vecinos de Sevilla Este -y otros barrios- por la imposición del llamado «tranvibús».
Desde el poder político se ha elegido un medio de transporte que tiene más de elemento de propaganda y restricción de la movilidad de los vecinos que de servicio público. Con el elemento propagandístico de un medio de transporte «ecosostenible», en un distrito que necesita soluciones de transporte público se ha impuesto lo que no es más que un autobús eléctrico que además ha sido acompañado de restricciones, eliminación de zonas de aparcamiento y carriles de circulación y, fieles a sus proyectos de la agenda 2030, limitación de la capacidad de movimiento de los vecinos y trabas al transporte y propiedad privada.
Bien están las inversiones en transporte público que sirvan a los vecino y faciliten su vida. Pero estaremos siempre en la denuncia de proyectos de lavados de cara «ecosostenibles» que en lugar buscar esa facilidad y servicio sean herramientas de control y limitación de movimientos.
NOTA DE PRENSA DE LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA
UN SISTEMA CORRUPTO
(10/6/25. NOTA DE PRENSA) – Pedro Sánchez puede manipular las instituciones a su antojo y ponerlas al servicio de los enemigos de España porque un día fue presentado por la propaganda como la honradez personificada que venía para poner fin a la corrupción de los otros. Ahora, siete años después, en un previsible movimiento pendular, es Sánchez (y su familia) quien se ha convertido en el blanco de todas las críticas, como si fuera nuestro único problema. El mismo cuento de siempre con distintos personajes.
El sistema de la dictadura partitocrática que padecemos, tal como fue diseñado en la Transición, funciona de esta manera: la propaganda oculta la historia de los hechos recientes; cada noticia tapa la del escándalo anterior; los fanáticos de cada partido son programados para dolerse solamente de las corruptelas de sus adversarios. De esta forma la corrupción se perpetúa porque si todos son corruptos al final nadie es corrupto. La corrupción se enquista y se institucionaliza.
Los carlistas, llevamos casi 200 años señalando los males del sistema liberal y la trampa del partidismo. Un sistema que nació para aniquilar a la verdadera España utilizando la mentira como herramienta destructiva. La corrupción en España no es una anomalía de Sánchez, no es cosa de la actual mafia socialista, no es una característica exclusiva ni del PP ni del PSOE. Es la gasolina que necesita el sistema para seguir funcionando. Para disponer de una casta obediente a los siniestros dictados globalistas; para mantener un entramado de chiringuitos y de estómagos agradecidos; para secuestrar con un relato propagandístico sesgado la voluntad de millones de votantes cuya conclusión práctica es: “sí, son corruptos, pero son nuestros corruptos”.
Siempre ha habido corrupción, personas que enfrentadas a la ocasión propicia han sucumbido a la tentación del dinero fácil o de una vida cómoda. Sería importante recuperar instituciones clásicas de nuestra tradición política como el juicio de residencia o el mandato imperativo. El problema de la modernidad, el que generaron las revoluciones liberales, es sin embargo más profundo porque al desligar la economía de la moral justificaron e institucionalizaron el engaño, el abuso al débil y el robo. Además, por encima de los casos individuales, los partidos políticos, por su propia estructura, se han convertido a menudo en auténticas bandas más preocupadas por defender a los suyos que al bien común.
La lucha contra la corrupción de los poderosos no puede pues limitarse a perseguir las últimas consecuencias, los últimos escándalos. Ha de ser una lucha constante y estar dirigida a combatir las raíces mismas del problema:
Es preciso limitar el poder excesivo del estado; hacer que la política vuelva a ocuparse de lo suyo y liberar a los cuerpos sociales naturales de las garras de una administración desmesurada.
Hay que eliminar la misma idea de partido político. Los partidos podrían constituirse de forma coyuntural en torno a asuntos puntuales y opinables, pero no para dividir de forma institucionalizada la vida política.
Hay que devolver a los tribunales su independencia para que en nombre del rey (legítimo) y al servicio de la Justicia puedan someter a todos a la ley.
Por último, cualquier esfuerzo será inútil si no viene acompañado de una regeneración moral de España. Una vuelta a nuestras raíces católicas que son las únicas que, en última instancia, pueden ayudar al establecimiento de un buen gobierno.
Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
