Cada año, cuando llega la temporada de la vendimia francesa, vuelve a repetirse una historia que debería hacernos pensar.

Miles de trabajadores andaluces —este año se habla de alrededor de 9.500— hacen las maletas, atraviesan España de sur a norte y cruzan la frontera para pasar varias semanas trabajando en los viñedos franceses.

Y entonces surge una pregunta bastante sencilla:

Si nos dicen que los españoles no quieren trabajar en el campo, ¿qué hacen todos esos andaluces marchándose a Francia para trabajar precisamente en el campo?

Es necesario revisar tantos de los discursos establecidos que mucha gente asume por simple repetición.Se nos dice insistentemente que «los españoles ya no quieren hacer esos trabajos». Que «la gente del campo prefiere vivir de subvenciones». Que para determinadas labores agrícolas no queda más remedio que recurrir a trabajadores llegados de otros países.

Pero quizá el problema no sea que falten personas dispuestas a trabajar. Quizá el problema sea en qué condiciones se les pide que trabajen.

Porque la gente del campo, como la de la ciudad, no rechaza el trabajo. Lo que rechaza es aceptar trabajos que no permiten vivir dignamente de ellos.

Un jornal que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, jornadas extenuantes, alojamientos indignos y una incertidumbre permanente no constituyen precisamente una oferta irresistible.

Y aquí aparece, cada año, la paradoja: Los mismos trabajadores que, según algunos discursos, «no quieren trabajar» en los campos españoles están dispuestos a recorrer mil kilómetros para hacerlo en Francia.

¿Por qué?

Porque el trabajador responde a los incentivos, pero también tiene una dignidad y unas necesidades. Necesita que su trabajo le permita pagar una vivienda, mantener a su familia, criar a sus hijos y mirar al futuro con un mínimo de seguridad. No es una exigencia extravagante. Es el principio elemental de un salario justo.

El trabajador no puede ser una simple variable de coste.

El sistema capitalista ha impuesto una concepción de la economía en la que el trabajo aparece fundamentalmente como un coste que hay que reducir. Si el trabajador español resulta demasiado caro, se busca otro trabajador dispuesto a cobrar menos. Si producir aquí resulta demasiado costoso, se importa de países donde los salarios y las condiciones laborales son mucho peores. Si una explotación no resulta lo suficientemente lucrativa pagando un salario digno, se busca la forma de reducir el coste laboral.

Y después se nos explica que todo eso es simplemente «el mercado».

Nosotros negamos la mayor. El pilar principal no puede ser la satisfacción del mercado, sino la justa distribución de la riqueza. Una sociedad no puede organizar toda su vida alrededor de una única pregunta: ¿cómo conseguimos producir más barato?

Detrás de cada salario hay una persona. Detrás de cada trabajador hay una familia. Detrás de cada familia hay una comunidad. Cuando se abarata sistemáticamente el trabajo, no estamos simplemente reduciendo una cifra en una cuenta de resultados. Estamos haciendo más difícil que una persona pueda formar una familia, comprar una vivienda, mantener a sus hijos o permanecer en la tierra donde nació. Estamos destruyendo la comunidad.

Y cuando se utiliza la extrema necesidad de trabajadores extranjeros para presionar todavía más a la baja las condiciones laborales, tampoco se está haciendo un favor a esos inmigrantes. El inmigrante no deja de ser una persona con derecho a un trabajo digno porque haya nacido al otro lado de una frontera. El problema no es el trabajador extranjero. El problema es un sistema económico capaz de convertir la necesidad de unos y otros en una herramienta para reducir el precio del trabajo.

No queremos enfrentar a trabajadores.

Precisamente por eso, la respuesta no puede consistir en enfrentar al trabajador español con el inmigrante. Hay que mirar más allá.

El trabajador extranjero que llega buscando un futuro para sus hijos merece la misma dignidad que cualquier otro trabajador. Pero también la merece el temporero andaluz que no puede mantener a su familia con lo que se le ofrece en su propia tierra. Y ambos tienen algo en común: ninguno debería ser utilizado como mano de obra barata y como herramienta de manipulación de las condiciones.

La justicia social no consiste en decidir quién debe aceptar peores condiciones. Consiste en conseguir que las condiciones de trabajo sean dignas para todos.

Porque si una explotación sólo resulta rentable pagando salarios con los que un trabajador no puede vivir dignamente, quizá debamos empezar a preguntarnos si el problema está en el trabajador o en el propio modelo productivo.

El campo no necesita esclavos.

Desde la visión tradicional no podemos aceptar que la agricultura sea contemplada únicamente desde la lógica del rendimiento económico. La tierra no es simplemente un activo. El agricultor no es simplemente un empresario. El jornalero no es simplemente un coste. Y el trabajador inmigrante no puede ser una herramienta de presión para rebajar las condiciones laborales.

La economía está al servicio de la persona y de la sociedad, y no al revés.

Por eso defendemos un campo capaz de sostener familias, comunidades y pueblos; un campo en el que sea posible vivir dignamente del trabajo; un campo donde la propiedad esté suficientemente extendida y arraigada y donde el trabajador pueda aspirar, cuando las circunstancias lo permitan, a convertirse también en propietario.

Queremos un campo con agricultores, ganaderos, propietarios, cooperativas y trabajadores justamente remunerados, no un campo condenado a competir permanentemente mediante la reducción del coste del trabajo o contra rivales que juegan con otras reglas.

Y tampoco queremos que nadie tenga que abandonar su tierra por necesidad.

Hay aquí, además, una cuestión que trasciende nuestras fronteras: Durante años se ha presentado la inmigración como si el principal derecho de quien sufre pobreza fuese poder abandonar su país. Pero el primer derecho del necesitado debería ser poder vivir dignamente en su propia tierra.

Que un hombre pueda alimentar a sus hijos sin tener que abandonar su pueblo. Que una mujer pueda trabajar sin tener que abandonar a su familia. Que un joven pueda construir su futuro donde nacieron sus padres. Que los pueblos puedan conservar su población y desarrollar sus propios recursos.

Eso exige también revisar unas relaciones económicas internacionales que con demasiada frecuencia han permitido que la riqueza y los recursos salgan de los países pobres sin generar en ellos un desarrollo suficiente y autónomo.

No parece una solución especialmente justa vaciar de trabajadores los países pobres para después recibirlos en los países ricos como mano de obra barata. Y no se nos ocurre mayor ejercicio de hipocresía que el alentar ese vaciado envuelto en banderas como la “solidaridad” o la “diversidad», cuando no es más que una herramienta de explotación.

Ni queremos eso para los andaluces ni lo queremos para nadie.

Trabajo digno, tierra y familia.

La solución no está en elegir entre el trabajador español y el extranjero. Está en rechazar la lógica que convierte a ambos en mercancía.

Queremos que el trabajador pueda vivir de su trabajo. Que el agricultor pueda vivir de su tierra. Que el joven pueda quedarse en su pueblo. Que una familia pueda tener hijos sin que eso signifique condenarse económicamente. Que la propiedad no esté cada vez más concentrada en manos de grandes fondos y capitales alejados de la tierra.

Que la producción agrícola genere riqueza en Andalucía y que una parte mucho mayor del valor añadido permanezca aquí.

Y, sobre todo, que recuperemos una idea que la modernidad económica ha olvidado demasiadas veces: la economía debe estar al servicio del hombre, de la familia y de la comunidad.

Por eso, cuando volvamos a ver a miles de andaluces haciendo las maletas para recorrer España y cruzar la frontera para vendimiar en Francia, quizá debamos dejar de preguntarnos por qué «no quieren trabajar» en nuestros campos.

La pregunta correcta es otra: ¿Qué estamos haciendo para que no puedan vivir dignamente de su trabajo en su propia tierra?

Y quizá la respuesta nos obligue a mirar mucho más allá de la agricultura. Nos obligue a mirar al modelo económico entero.