Los resultados de PISA vuelven a confirmar lo que ya nadie que conozca nuestras aulas puede ignorar: la educación española ha fracasado.
El fracaso se ceba en los aspectos más elementales del saber: enseñar a leer y comprender, escribir, calcular, conocer y razonar. Y, ante cada nuevo fracaso, asistimos al mismo ritual: los partidos se culpan entre sí, defienden sus respectivas leyes y anuncian la próxima reforma, pero todos pecan de lo mismo. Llevamos décadas haciendo lo mismo: Décadas convirtiendo a nuestros hijos en cobayas de un experimento ideológico permanente, movido por una perspectiva economicista y utilitarista marcada por la Unión Europea, donde la persona solo es considerada por su capacidad de consumir y servir al mercado. Tanto la OCDE como la UE piensa en nuestros hijos como capital humano, como un sujeto provisto de capacidades productivas susceptible de inversión, depreciación y rendimiento. Es en este marco que se crean las llamadas competencias, que solo esconden la adecuación entre formación y un mercado laboral que anula a la persona.
La premisa que debe regir toda reforma de la educación es la que marcaba Nuccio Ordine en su obra La utilidad de lo inútil, esto es, la idea de utilidad del saber cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. El valor de cualquier tipo de saber —tanto científico como humanístico— debe coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos.
Aunque el informe PISA acierta en la bajada de los niveles de lectura, matemáticas y ciencias esconde una perversión: bajo el nombre de ciencias evalúa la aplicación de unos pocos esquemas a contextos cotidianos, no la arquitectura conceptual y no somete a prueba conocimientos como Química, Geología, Ciencias de la salud; soslayando además saberes fundamentales para el desarrollo de una conciencia crítica: Filosofía, Historia, Literatura, etc. Es decir, obvia todo lo que no sirve a la concepción de la persona como capital productivo y a un fin utilitarista.
La ausencia de las premisas que valoran el saber en sí es la que hace fracasar cualquier sistema educativo. Cada generación de pedagogos —gurús iluminados que no conocen la realidad del día a día en un aula de primaria o secundaria— presenta consecutivamente diversas teorías para justificar el emprendimiento de unas leyes educativas que buscan anular a la persona en cuanto que persona, anulando su posibilidad de desarrollo. Así, se abandona el conocimiento en favor de competencias, se sospecha del esfuerzo y de la memoria, se debilita la autoridad del docente y se rebaja progresivamente la exigencia. Y cuando los resultados llegan, se rebaja nuevamente el nivel para que el fracaso deje de parecer fracaso, convirtiendo la ignorancia en normalidad. Los que diseñan el sistema educativo actúan ante el fracaso como tahúres que proveen de títulos devaluados que no garantizan el dominio de los saberes necesarios, de diplomas que funcionan como fetiche: promesas de un ascenso que el sistema no puede cumplir para todos.
Además, esto encierra una paradoja, aquellos que para el ciudadano común prescriben unas metodologías absurdas y mantras como aprender a aprender y otros emotivismos, luego llevan a sus hijos a centros de élite donde reciben todo aquello que a los demás niegan: cultura del esfuerzo, profundización en los saberes, etc. De esa forma, se anula una de las premisas del sistema educativo: garantizar la igualdad de oportunidades para todos y ser un verdadero motor de equiparación social que permita la mejora de las condiciones de vida.
La eliminación en los planes educativos de los conocimientos sólidos, de la capacidad de razonamiento y pensamiento crítico convierte a la sociedad en una masa aborregada, vulnerable y expuesta a la manipulación por parte de los que diseñan el sistema educativo. Quieren ciudadanos dóciles, no personas comprometidas con el propio desarrollo y el de su patria que puedan denunciar las carencias de un sistema político y social que, desde hace ya mucho, hace aguas.
Nuestra crítica no se limita a una ley ni a un partido: La educación no pertenece al Estado, sino, primordialmente a la familia. Esta es la primera responsable de la formación de los hijos, que poseen, como recoge la Centesimus Annus de Juan Pablo II, el derecho de vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad, en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. La familia nunca ha ejercido esta responsabilidad en soledad: históricamente se ha apoyado en educadores, comunidades e instituciones que participaban de una tradición cultural y moral fundada en una concepción objetiva de la Verdad y del Bien.
La familia debe tener garantizada la libertad de acceso de sus hijos a un sistema que los provea de las herramientas que le permitan ejercer eficientemente su derecho de acceso al saber y a su desarrollo integral como persona. El ejercicio de dicha libertad, que no debe ser conculcada por el Estado, tiene sentido siempre que está ordenada a la Verdad y al Bien.
Rechazamos esa imposición de una burocracia estatal a todas las familias de una determinada concepción del hombre y de la educación, que está abocada a una uniformización mediante la anulación del individuo y su posibilidad de desarrollo como persona. No queremos otra ley que cambie con cada Gobierno. Queremos recuperar el conocimiento, el esfuerzo, la autoridad del docente y la responsabilidad de la familia.
Porque el desastre educativo no se solucionará entregando el laboratorio a otro partido. Se solucionará cuando dejemos de aceptar que la educación pertenece al Estado y a los fines mercantilistas y espurios que atentan contra la dignidad de la persona.
Francisco de la Puente Herrera.
Profesor de Secundaria.
