(02/OCT/26. NOTA DE PRENSA) – Llevamos años hablando de vivienda como si el único problema fuese el precio del alquiler. Se habla de proteger al inquilino. De proteger al propietario. De limitar los alquileres. De subvencionarlos. De construir vivienda pública.

Pero hay una pregunta que apenas aparece: ¿Por qué cada vez resulta más difícil que una familia pueda comprar su propia casa?

Porque, para empezar, el Estado hace extraordinariamente difícil y caro construirla. El suelo está sometido a una maraña de trámites que puede prolongar durante años la transformación de un terreno en suelo realmente disponible para construir. Los ayuntamientos obtienen ingresos de la actividad urbanística y de la propia vivienda. Cuando por fin se construye, aparecen impuestos, tasas, licencias, cargas y costes administrativos que terminan incorporándose al precio. Y cuando la familia consigue finalmente comprar, el Estado vuelve a cobrarle por hacerlo: IVA en la vivienda nueva, ITP en la usada, además de otros impuestos y gastos asociados a la transmisión y a la propiedad.

Pero sería demasiado sencillo echar toda la culpa al Estado. Porque al otro lado tenemos un mercado inmobiliario cada vez más alejado de la función social de la vivienda. La casa puede convertirse en inversión, activo financiero, producto de rentabilidad o simple objeto de especulación. Y cuando la vivienda se contempla exclusivamente desde su rentabilidad, la familia que necesita un hogar acaba compitiendo con quien busca una inversión.

Entre un Estado que regula, grava y encarece y un mercado que puede convertir la vivienda en mercancía, la familia queda en medio. Y mientras discutimos si hay que proteger al propietario o al inquilino, apenas hablamos de lo fundamental: faltan viviendas y se dificulta el acceso a la propiedad.

Además, hemos perdido buena parte de las herramientas sociales que permitían a las familias organizarse para conseguirlas: cooperativas, cajas de ahorro de iniciativa social, mutualidades, y otras formas de iniciativa comunitaria.

No queremos que el Estado se convierta en el gran casero. Pero tampoco creemos que la solución sea dejar a las familias solas ante un mercado inmobiliario que, cuando busca únicamente la máxima rentabilidad económica, termina tratando la vivienda como una mercancía más.

Lo que queremos es algo mucho más sencillo: volver a facilitar que las familias puedan ser propietarias de su casa. Familias que puedan comprar su casa. Cooperativas que puedan construirla. Pequeños propietarios. Ahorro. Iniciativa social. Suelo disponible. Menos burocracia. Menos fiscalidad sobre la vivienda.

Porque el objetivo no debería ser conseguir que una familia pueda pagar un alquiler un poco más barato. El objetivo debería ser que pueda llegar a tener una casa propia.
Ni Estado casero ni vivienda convertida en pura mercancía.

Por una sociedad de propietarios.

Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista