Todo empezó, aparentemente, atacando a la Nobleza. Aquella Ley que derogaba el Derecho de los hijos varones mayores en la sucesión de los títulos nobiliarios puso en pie de guerra a toda la Nobleza española. El Gobierno liberal de turno, amparándose en una supuesta y premonitoria “Ley de Igualdad”, privaba a los hijos varones del derecho sucesorio a llevar el título nobiliario de su padre en beneficio, en su caso, de la primogénita de la Casa. El único estamento que se libraba de esta aberrante ley era la Corona.

–          ¿Y por qué no va a ser marquesa la hija mayor de un marqués, porque tenga un hermano varón más pequeño que ella?.

–          No se quede Vd. en la apariencia, señora, la cosa va mucho más allá…

Privar al varón de los derechos sucesorios nobiliarios deriva, con el tiempo, en la pérdida del apellido familiar al frente del Título. Por poner un ejemplo: Si Elena de Borbón heredase la usurpada Corona de España a la muerte de su padre por ser la primogénita de la Casa, los nietos de éste pasarían a formar la “dinastía Marichalar” en lugar de continuar la rama usurpadora de la “dinastía borbónica”.

Con la medida legal, la llamada “Casa Real” se veía salvaguardada del riesgo, pero la totalidad de la Nobleza española estaba, (y de hecho ya lo está), abocada a la pérdida de los apellidos tradicionales al frente de sus Títulos. Con ello se mataba a dos pájaros de un tiro: Por una parte se envenenaba al populacho con ideas igualitarias y por otro lado se descabezaba la naturaleza histórica de los linajes y se vertía aguafuerte en los árboles genealógicos de la nobleza. En definitiva, se atacaba a uno de los principales estamentos de la Tradición española. Sólo los nobles “piaron” en aquella ocasión y quedaron a los pies de los caballos frente a la modernidad legislativa.

Pasados los años, ahora nos encontramos ante una nueva aberración legislativa. El día 23 de Julio del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley del Registro Civil por medio del cual se suprimía el histórico Libro de Familia, asignándole a cada nacido un “código personal de ciudadanía” Con ello, el concepto “Familia” desaparece de golpe en el Registro Civil español ideado por este Gobierno, y queda sustituido por un individualismo completo.

Hasta aquí, mal. Pero lo que ya raya en el absurdo es el desarrollo del artículo 49 del Proyecto de Ley, que señala literalmente que “en la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del nacido consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan según su filiación (…). La filiación determina los apellidos (…). Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de los apellidos (…). En caso de desacuerdo ó cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil determinará el orden de los apellidos según su orden alfabético”.

Este mes ha empezado la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley y nos encontramos con que el PSOE, lógicamente, no ha presentado ninguna enmienda al mismo. El PP ha barajado primero la idea de remitirse al azar, segundo que prevalezca el apellido del padre y tercero, que prevalezca el apellido menos frecuente. CIU y UPyD prefieren dejar el asunto de los apellidos fuera del proyecto de Ley. El PNV coincide con el PP en que deba primar el apellido menos frecuente. ERC y Coalición Canaria proponen también dejar al azar el orden de los apellidos de los hijos, e IU quiere mantener un criterio alfabético para elegir cuál de los apellidos irá delante del otro. Pero, vamos a ver, señores, ¿Están Vds. todos borrachos, o qué pasa aquí?.

Como no se han puesto de acuerdo, (cosa lógica en un sistema liberal), todas las fuerzas parlamentarias han pactado que “Si no hay acuerdo entre los padres, se les apercibirá que tienen tres días más para cumplir con su obligación de fijar el orden y, de no hacerlo en ese plazo, decidirá la persona encargada del Registro Civil, atendiendo siempre al interés superior del menor”.

O sea, primero me cargo a la familia, después me cargo los árboles genealógicos de esa familia, y ahora resulta que será un funcionario el que decidirá cómo se van a llamar mis hijos atendiendo al interés superior del menor. ¿A qué tipo de interés se refiere el legislador?. ¿Es que en un futuro todos nos vamos a llamar “García” ó “Pérez” según el interés que un funcionario antojadizo entienda que tiene mi hijo?. ¿Es que ha resucitado Stalin ó qué es lo que pasa en España?. ¿Es que a la gente le da igual que esta gentuza parlamentaria liberaloide y asquerosa decida sobre algo tan sagrado como es la identidad de nuestros hijos?. ¿Es que porque el Presidente del Gobierno se haga llamar “Zapatero” omitiendo el apellido “Rodríguez”, (que supongo que será el de su padre), tenemos todos los españoles que renunciar a nuestros apellidos y a nuestra identidad familiar?.

De locos. Esto es auténticamente de locos, pero como resulta que los manicomios están cerrados, lo mismo resulta también que han puesto una sucursal en el Congreso de los Diputados para que nos gobiernen a su antojo. Total, como nadie se queja…

Manuel Nieto de Nevares.