Hay instituciones antiguas que desaparecieron porque dejaron de servir y otras, quizá, porque servían demasiado bien. Entre estas últimas merece recordarse el juicio de residencia, aquel procedimiento de nuestra Monarquía por el cual quien había ejercido un oficio público debía, concluido su mandato, permanecer a disposición de la justicia para responder de sus actos. La palabra es sublime: residencia. Antes de marcharse, el gobernante debía detenerse. No podía abandonar sin más el poder disfrutado, encaramarse al siguiente cargo o refugiarse detrás de quienes lo habían nombrado. Tenía que responder. Nuestra época, lastimosamente, ha conseguido exactamente lo opuesto. Nunca hubo tantos órganos fiscalizadores, comisiones parlamentarias, tribunales de cuentas, oficinas de transparencia, auditorías e interventores; y, sin embargo, pocas veces ha resultado tan difícil averiguar quién responde personalmente de una decisión pública desastrosa. El poder se ha hecho omnipresente; la responsabilidad, evanescente. Vuelve entonces, resonando con toda su fuerza, la clásica pregunta de Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? «¿Quién vigilará a los propios vigilantes?».

La respuesta moderna ha consistido en superponer controles a controles, instancias a instancias, burocracias a burocracias. Pero el problema no se resuelve necesariamente multiplicando guardianes, porque también los guardianes necesitan medida. La cuestión decisiva es otra: ¿con arreglo a qué debe juzgarse el poder? La tradición política clásica, una vez más, conocía la respuesta. La potestad no era soberana en sentido absoluto, porque no era fuente de su propia legitimidad. Era officium, es decir, función, deber, ministerio ordenado a un fin que la precedía y la trascendía. El gobernante no podía disponer arbitrariamente del bien común porque tampoco podía crearlo a su antojo. Gobernaba dentro de un orden, no desde fuera de él. Por eso el juicio de residencia partía de un principio elemental: quien manda responde. No respondía en esos tiempos vetustos y denostados una entelequia llamada «Administración» ni una sigla partidista. Respondía el corregidor, el gobernador, el virrey; a saber: el hombre concreto que había recibido una potestad específica. Y respondía porque el ejercicio del mando no lo convertía en dueño de la comunidad, sino en servidor de un orden que no le pertenecía.

La partitocracia contemporánea ha invertido esta relación. El cargo público pertenece de hecho al partido que lo distribuye; el gobernante debe su puesto a la organización y ante ella responde principalmente. Cuando sobreviene el desastre, aparecen enseguida los amortiguadores de la responsabilidad: asesores, subordinados, informes técnicos, competencias concurrentes, decisiones colegiadas. Todos intervinieron y, por consiguiente, nadie decidió. Y todavía se nos responde que al político «lo juzgan las urnas». Pero las urnas no juzgan, eligen. Una mayoría puede investir una magistratura, pero no convertir en bueno lo malo ni en justo lo injusto. El sufragio no hace recta una administración ruinosa, no santifica el abuso de poder ni extingue las responsabilidades contraídas durante el mando. Confundir legitimación electoral con rectitud política supone convertir la voluntad en fuente de la justicia y, por tanto, hacer de la soberanía moderna lo que siempre quiso ser: un poder sin superior visible y, finalmente, omnímodo. He aquí el problema. Porque cuando la potestad deja de reconocerse sometida a un orden objetivo, la responsabilidad tiende inevitablemente a degradarse en mera responsabilidad política: una censura parlamentaria, una derrota electoral, acaso una dimisión; es decir, consecuencias mudables, reversibles y casi siempre absorbidas por la propia maquinaria partidista.

Frente a ello, tendría perfecto sentido recuperar, con las debidas garantías jurídicas, un juicio de residencia contemporáneo. No una causa política contra el gobernante vencido, sino un procedimiento ordinario, automático y personal para quienes hubiesen ejercido altas responsabilidades públicas. Concluido el mandato, deberían examinarse la gestión de los caudales confiados, los contratos celebrados bajo su autoridad, los posibles conflictos de intereses, el incremento patrimonial injustificado y aquellas decisiones de las que pudieran derivarse responsabilidades personales. Y durante un período determinado deberían quedar particularmente restringidas las llamadas puertas giratorias: resulta difícil imaginar un símbolo más acabado de la corrupción del officium que el gobernante que transforma inmediatamente en provecho privado el poder público que ayer ejercía. No se trataría de presumir culpable al gobernante. Se trataría de restaurar una verdad elemental, esto es: a mayor potestad, mayor obligación de responder.

Hoy sucede con frecuencia lo contrario. El ciudadano paga sus deudas con su patrimonio; el comerciante puede arruinarse por una mala decisión; un funcionario modesto responde disciplinariamente de una irregularidad. Pero quien dilapida millones de dinero público suele refugiarse en la vaporosa categoría de la «responsabilidad política», expresión que demasiadas veces significa que nadie responderá de nada. Nuestra tradición jurídica sabía que el poder debía dejar huella también sobre quien lo ejercía. Porque mandar no era emanciparse del orden, sino cargar con una obligación mayor dentro de él. En consecuencia, gobernar no puede consistir en ocupar durante unos años un despacho, adoptar decisiones que condicionarán durante décadas la vida de los gobernados y marcharse después a un consejo de administración, una embajada o cualquier otro retiro dorado del poder. Quien ejerce autoridad contrae, qué duda cabe, una deuda.

Por eso convendría recuperar la severa pregunta que encerraba el viejo juicio de residencia. Cuando el poderoso abandone el palacio, antes de que cruce definitivamente su puerta, que alguien pueda obligarlo a detenerse y preguntarle: ¿qué hiciste con el poder que te fue confiado? Tal vez ahí se encuentre también la mejor respuesta al Quis custodiet ipsos custodes? No en fabricar indefinidamente nuevos vigilantes, sino en recordar que por encima del vigilante, del magistrado y del gobernante existe un orden que ninguno de ellos puede inventar y ante el cual todos deben responder. Una política que olvidó esa verdad llamó libertad a la emancipación del poder respecto de todo límite superior. Quizá haya llegado la hora de recordar que el verdadero límite del poder no es otro poder, sino la Justicia.

Miguel López Ortiz